La guerra fría entre el Estado y las Autonomías

Ramón Mur

El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fue – así lo hemos creído – un intento, final y felizmente, fallido. Pero produjo nefastas consecuencias para la entonces naciente democracia española. Como consecuencia del 23F, apenas a los tres años de aprobada la Constitución, el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo (UCD), y el jefe de la oposición Felipe González (PSOE) sellaron un acuerdo para “armonizar” el incipiente proceso autonómico que desembocó en la conocida y polémica LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso autonómico). Se trataba de controlar la aplicación del Título VIII de la Constitución que establece la distribución de España en comunidades autónomas. Todavía no se habían constituido las 17 comunidades autónomas puesto que aún no se habían aprobado todos los estatutos de autonomía, emanados directamente de la Constitución. Pero ya empezaban los recelos hacia un nuevo Estado, el de las Autonomías, en el que los principales partidos políticos, los llamados a alternar en el Gobierno de España, nunca acabaron de creer.

El pacto entre la UCD y el PSOE desembocó en la LOAPA aprobada por las Cortes generales, con la oposición, tan declarada como estéril, de los demás grupos políticos. A partir de ese momento comenzó una guerra fría entre el Gobierno central de turno, es decir entre el Ejecutivo del Estado, y las autonomías que, por obra y gracia de la Constitución, también son Estado. Los treinta últimos años han transcurrido en un constante tira y afloja entre Madrid y las autonomías. Ese y ningún otro ha sido y es el principal defecto del Estado de las autonomías: que no ha podido funcionar como estaba previsto y era debido, a causa de la tensión permanente entre Madrid y las comunidades autónomas.

Puesto que esa tensión no ha disminuido sino que ha aumentado desde la transformación de Alianza Popular (AP) en Partido Popular (PP), que llegó a gobernar durante ocho años, la situación es ahora peor que nunca para el autonomismo español. Y ya no hay quien detenga el creciente tirón centralista. La crisis económica ha sido la ocasión propicia para cargar todas las culpas del malestar económico y financiero de España sobre las espaldas de las 17 comunidades autónomas, motivo por el que se reclama un nuevo acuerdo entre el PSOE y el PP a fin de que las Cortes alumbren una nueva LOAPA, la del primer tercio del siglo XXI. En ello están las dos grandes fuerzas políticas, las mismas que nunca se ponen de acuerdo en nada y que dan el peor ejemplo de cordura y entendimiento que se pueda transmitir a la sociedad.

Lo lamentable del caso es que sean no sólo mandatarios políticos de parte sino también oráculos periodísticos y destacados analistas – de la villa y corte siempre, claro – quienes pidan un acuerdo autonómico entre el PSOE y el PP, marginando a todas las demás fuerzas políticas institucionales del país. Es decir, que otra vez se reproducirá la misma guerra entre el Estado y sus autonomías. Solo que esta vez puede que sea menos fría que la anterior.

Es más que probable que, después de transcurridos 30 años, haya que revisar el actual modelo autonómico del Estado. ¿Pero por qué han de hacerlo sólo el PSOE y el PP? ¿Es justo y democrático dejar de lado a los millones de ESPAÑOLES, que nunca han votado a ninguno de estos dos partidos políticos, por muy mayoritarios que sean? ¿Qué deben hacer los ESPAÑOLES que votan a otras formaciones políticas, no todas de carácter nacionalista, separatista o independentista? Por ejemplo, los aragoneses votantes del Partido Aragonés (PAR) y Chunta Aragonesista (CHA) – dos formaciones de ámbito exclusivamente aragonés pero no secesionistas – ¿carecen de voz y voto en este asunto? ¿Y también los de Izquierda Unida (IU), en toda España?

Muchos de los sabios prohombres que levantan voces incendiarias contra las autonomías, como las culpables de nuestros mayores males, crean conciencia social y reclaman el ansiado pacto PSOE-PP para aprobar una nueva y mayor LOAPA que la de 1981. Los demás, a callar. Pues de eso, nada. Siempre nos quedará la palabra a los ESPAÑOLES autonomistas. Alguno de estos prohombres ha llegado a escribir que las 17 autonomías son innecesarias porque debilitan la unidad de España. Y que cuando España era un país fragmentado en numerosos reinos, los árabes mandaron aquí durante 800 años. En cambio, cuando en España imperó “una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y rey”, entonces fue fuerte y así pudo expulsar a los moriscos de todo su territorio. Ahora, otra vez dividida en 17 autonomías, España vuelve a ser débil y el imperio de la Media Luna resucita arrogante. ¡Toma, tomate! Es decir que lo de la crisis económica no es más que una excusa para saltar contra las autonomías. Hay otras causas que no se nombran y que son las que de verdad molestan a los centralistas.

En cualquier caso, si se quiere recentralizar el Estado, propóngase una reforma de la Constitución para saber y conocer el sentir y el parecer de todos los españoles. Son ya 33 millones los españoles que no votaron en el referéndum popular que dio espaldarazo a la Carta Magna de 1978 porque no habían nacido o pasaron por las urnas de nuestra mano pero sin derecho a votar puesto que no tenían edad para hacerlo. También ellos tienen derecho a ser escuchados, ¿o no? Aunque, eso sí, los ESPAÑOLES autonomistas, que votamos esperanzados en 1978 a favor del nuevo Estado de las Autonomías no queremos que ahora sea recortado sino mejorado e incluso ampliado. Y seguiremos levantando la voz, que nadie – tampoco los sabios prohombres centralistas – lo dude.

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Una respuesta a La guerra fría entre el Estado y las Autonomías

  1. graciaz dijo:

    Molt bon anàlisi. Si els centralistes van guanyant adictes, potser els contraris al “café para todos” prenguin protagonisme.

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